La detención del "Comandante Salvador" golpeó al gobierno, que se enteró por un llamado periodístico que el hombre más buscado de Chile había sido capturado.
El pasado lunes, alrededor de las 21 horas, el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, se enteró por un llamado periodístico que pocos minutos antes, en la localidad de Moreno, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, había sido capturado Sergio Galvarino Apablaza, el "Comandante Salvador", líder histórico del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y acaso el hombre más buscado en Chile durante los últimos 20 años. Correa informó inmediatamente después a su superior, el ministro José Miguel Insulza, quien se sobresaltó tanto como él.
En teoría, la noticia debía haber alegrado a los dos principales responsables de la seguridad interna del país, pero a medida que fueron surgiendo los detalles del arresto la satisfacción dio paso a las sospechas.
La Operación Cordillera, el nombre del dispositivo para lograr la detención del líder del FPMR que gastó US$1,1 millón en dos lujosas parcelas en Buenos Aires, había comenzado al menos cinco meses atrás a partir del trabajo de la Jefatura de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (Jipol), a cargo del prefecto Carlos Tapia, y desde el pasado 4 de noviembre, cuando una impresión de huellas dactilares de Apablaza que llegó a Chile fue verificada en el Laboratorio de Criminalística, existía total certeza de que el hombre que los detectives vigilaban era el líder del frente. Todos esos datos eran ajenos a Correa e Insulza, pero había más: Arturo Herrera, el director de Investigaciones, tampoco estaba al tanto.
Mientras La Moneda se concentraba en conseguir que el gobierno de Néstor Kirchner cursara la expulsión del frentista hacia Chile para evitar un engorroso juicio de extradición, también elaboraba hipótesis para explicar el accionar de los detectives, que habían actuado a espaldas de sus superiores.
El gobierno, que había expresado su extrañeza de que la captura se hubiese producido justo 24 horas después de que el Presidente Lagos diera a conocer el informe sobre la tortura, vislumbró incluso una operación planeada especialmente para producir esa improbable coincidencia.
Herrera, en una posición extremadamente incómoda, encaró al prefecto Tapia, quien le explicó que había optado por mantener su trabajo en reserva, porque temía que, si informaba a sus superiores, y a través de éstos al gobierno, había una probabilidad cierta de que la operación se filtrara y que Apablaza, enterado de que estaba a punto de caer, lograra evadir el cerco.
Aunque el prefecto Tapia fue removido y Herrera ordenó una investigación interna, la captura de "Salvador" se convirtió en un enigma político-judicial del que aún persisten muchas dudas.
El misterio que la rodeó, sin embargo, la empalma con una numerosa secuencia de episodios oscuros que han marcado el proceso de desmantelamiento del grupo subversivo desde el regreso de la democracia (ver recuadro).
Clandestino en Chile
Galvarino Apablaza tuvo, a partir de 1988, el mando militar del llamado FPMR-Autónomo, la fracción del movimiento que se negó a renunciar a la línea militar después del quiebre del grupo en 1987. Escindido del PC, el Frente Autónomo continuó operativo después de 1990, y fue el responsable de los dos principales crímenes políticos cometidos desde el regreso a la democracia: el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, el 1 de abril de 1991, y el secuestro de Cristián Edwards, plagiado en septiembre de ese mismo año y liberado en enero del siguiente.
El lunes pasado el ministro en visita Hugo Dolmestch procesó a Apablaza como autor intelectual del homicidio del fundador de la UDI (que en 1992 reivindicó a través de una entrevista), y también el secuestro del ex ejecutivo de El Mercurio.
Ambos casos lo convertían en uno de los prófugos más buscados por la justicia chilena, pero pese a la supuesta prioridad por capturarlo, Apablaza pudo entrar y salir clandestinamente de Chile en reiteradas oportunidades.
A través de los registros de Policía Internacional, el gobierno admitió que "Salvador" ingresó en dos ocasiones al país por pasos fronterizos de la IX Región usando la identidad falsa de Héctor Daniel Mondaca. Una vez el 23 de noviembre de 1998, y otra el 31 de enero de 1999.
A eso se agrega la versión que entregó el viernes pasado a La Tercera Paula Chahín, la pareja del líder del frente hace más de una década y madre de tres de sus hijos. Según Chahín, Apablaza se radicó de forma permanente en los suburbios del gran Buenos Aires hace sólo ocho meses. "Hasta entonces él estaba establecido en Chile y venía a vernos a Argentina periódicamente. Vino cuando nacieron nuestros hijos, y en general para los cumpleaños de ellos, pero su lugar era Chile", afirmó.
Un hombre muy cercano al frentista afirma que vivía en el sur del país, que cruzaba periódicamente a Argentina por unos días para visitar a su familia y que lo hacía por tierra.
Fin de la clandestinidad
Sus actividades en el país no han sido aún esclarecidas del todo. Se sabe que estaba colaborando con Identidad Rodriguista (IR), un movimiento político conformado principalmente por ex miembros del FPMR que se mantuvo cercano al PC y que acepta las reglas de la democracia.
El colectivo formó parte del pacto Juntos Podemos, que agrupó al PC y el Partido Humanista junto a otras pequeñas fuerzas de izquierda en las elecciones municipales. Vassily Carrillo, ex vocero del frente, fue -de hecho- candidato a alcalde por IR en la simbólica ciudad de Lota. Hombre cercano a Apablaza, esta semana viajó a Buenos Aires a colaborar en su defensa y los esfuerzos por evitar una expulsión a Chile.
Cercanos al FPMR afirman que Apablaza colaboró en la campaña de Carrillo y en las discusiones internas de Identidad Rodriguista.
Hace un tiempo, que sus cercanos no precisan, Apablaza había iniciado una serie de consultas para explorar la posibilidad de dejar atrás la clandestinidad y enfrentar a la justicia chilena. Estaba decidido a instalarse legalmente en el país después de 30 años, desde que en 1974, siendo militante del PC, fue detenido y torturado salió al exilio rumbo a Cuba, donde no tardó en recibir instrucción militar.
A través de Identidad Rodriguista, consultó a algunos abogados de izquierda -entre ellos Alberto Espinoza- sobre el escenario legal que enfrentaría. Aunque no es claro aún si confiaba en que podría acogerse a los indultos y otros beneficios que los reos subversivos recibieron hace unos meses tras un acuerdo del Senado, la respuesta que recibió fue que sería inevitable pasar un tiempo en la cárcel, y que era imposible determinar cuánto podría extenderse el tiempo en que estaría privado de libertad.
Durante los últimos meses, también intentó atestiguar ante la comisión nacional de la tortura, y le pidió a su hermano José que sondera el modo de hacerlo. La idea tampoco prosperó.
Allegados a Apablaza afirman que ante el fracaso de su intento de salir de la clandestinidad en Chile optó por instalarse permanentemente en Argentina, e intentar obtener la calidad de refugiado político en ese país. Había un precedente, aunque lleno de matices. En 1999 el frentista Claudio Molina fue detenido en Buenos Aires, pero la justicia argentina determinó que no podía ser extraditado porque su caso era "político", y el tratado bilateral deja ese tipo de causas expresamente fuera. Molina, sin embargo, había sido detenido en 1986 por la CNI tras la internación de armas, y juzgado por la justicia militar chilena. Apablaza, en cambio, era buscado por dos crímenes registrados en democracia y perseguidos por los tribunales civiles.
Aún así, "Salvador" alcanzó a efectuar gestiones, y una de las hipótesis de por qué los detectives chilenos decidieron capturarlo el pasado lunes es que estaba a punto de elevar una solicitud de asilo político al gobierno transandino.
Apablaza, afirma un cercano, había descubierto hace unos 60 días que era seguido, al extrañarse de la presencia de autos y personas desconocidas que merodeaban la solitaria calle de tierra frente a la espaciosa quinta en la que vivía en Moreno. En rigor, la cuenta regresiva para su captura había comenzado el 11 de junio pasado, cuando Interpol alertó al ministro Dolmestch que Apablaza había sido detectado en Buenos Aires y el juez reactivó su orden de captura.
Puntos oscuros en la persecución del FPMR
Pese al éxito de la Concertación en los esfuerzos por desarticular al FPMR Autónomo a comienzos de los 90, la persecución judicial de las responsabilidades penales de los crímenes cometidos por esa organización ha estado marcada por episodios controvertidos, carentes aún de explicación.
Asesinato de un informante
El 5 de agosto de 1993 la policía dio uno de los golpes más fuertes al aparato militar del FPMR al detener en Curanilahue a Mauricio Hernández Norambuena. El Comandante Ramiro cayó junto al ayudista del Frente Agdalín Valenzuela Márquez. La casi inmediata puesta en libertad por falta de méritos de Valenzuela hizo sospechar al Frente que éste colaboraba con La Oficina. Aunque "Ramiro" escribió una carta exculpándolo, el 11 de octubre de 1995 Valenzuela fue asesinado. Inexplicablemente la Dirección de Seguridad Pública dejó desprotegido a su informante.
El "Comandante Eduardo"
En abril de 1997 surgieron antecedentes de la posible participación de Enrique Villanueva Molina, el Comandante Eduardo, en el homicidio del senador Jaime Guzmán. Aunque Villanueva afirmó que participó en el FPMR hasta 1989, la justicia tenía antecedentes de que habría sido él quien con posterioridad al crimen habría concedido una entrevista con la que el Frente fundamentaba las razones de ese crimen. Aunque estaba citado a declarar por el homicidio del senador, Villanueva logró salir del país rumbo a Cuba por el aeropuerto de Pudahuel sin ser detenido. Tiempo después se supo que el ex subversivo había colaborado con La Oficina en la desarticulación del aparato militar del FPMR. En 2000, cuando el Frente comenzó a considerarlo un delator, debió abandonar la isla y se radicó en Venezuela.
La gran fuga
En diciembre de 1996 huyeron de la cárcel de máxima seguridad cuatro de los máximos miembros del aparato militar del FPMR-Autónomo, responsables del crimen del senador Jaime Guzmán. Poco antes del escape, Gendarmería había reagrupado a los presos, permitiendo que Mauricio Hernández Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz y Patricio Ortiz quedaran en celdas contiguas.
Escape inexplicable
En junio de 2002, la policía brasileña alertó que
tenía cercados en la ciudad de Santana do Livramento a Raúl
Escobar Poblete, autor material del crimen de Guzmán, y Muñoz
Hoffmann. Pese a que había sospechas concretas de que podían
estar implicados en el secuestro del brasileño Washington Olivetto,
por el que Hernández Norambuena ya había caído meses
antes, los frentistas lograron huir.