Insensibilidad social acabó con la vida de un minero y dos policías

• Un ex minero ingresó al Parlamento demandando atención, llevaba consigo un cinturón y una mochila con explosivos.
• Las negociaciones duraron más de tres horas, pero al final el ex trabajador detonó la carga y mató a dos oficiales.
• Hubo una segunda explosión “controlada” que terminó con los vidrios de los edificios de la Prefectura y el ex Banco Minero.

Cansado de recorrer las oficinas en busca de justicia y la devolución de sus aportes al Sistema de Pensiones, un ex trabajador minero identificado como Eustaquio Picachuri detonó 20 kilos de dinamita en instalaciones del Congreso y murió junto a dos policías.

Picachuri pasó todos los controles, evadió a la decena de policías que vigilan la entrada del edificio anexo del Congreso y sorprendió a todos mostrando un “cinturón” y una mochila con explosivos.

Al promediar las 11:40 de la mañana y los policías sólo atinaron a desalojar a los funcionarios y despejar la planta baja de la edificación congresal, mientras los legisladores realizaban furibundas intervenciones para justificar la interpelación del ministro de Desarrollo Económico, Javier Nogales.

La inédita forma de protesta concluyó en una explosión que cobró la vida del ex trabajador minero, dos policías y una decena de heridos que fueron trasladados a distintas unidades médicas.

Picachuri Collaca en realidad era un ex trabajador que pertenece a la Generación Sándwich, tenía 47 años, y trabajó hasta 1986 en el centro minero de Siglo XX, ese año fue relocalizado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La fatal determinación puede ser el inicio de una escalada de acciones similares si se toman como ciertas las declaraciones del dirigente de la Federación de Mineros, Félix Condarco, que advirtió que son cerca de dos mil los ex trabajadores de las minas que están dispuestos a sacrificar sus vidas por el derecho a la jubilación o a la devolución de sus aportes.

Condarco recordó que en dos oportunidades tomaron la Dirección de Pensiones, sin embargo, está acción no llamó la atención de las autoridades quienes, según el dirigente, sólo se limitan a señalar que “vuelvan la próxima semana”.

“Lamentablemente son ellos los que nos obligarán asumir estas actitudes, pues, el compañero que falleció sólo exigía que se cumpla sus derechos al igual que mis compañeros que tiene más de 20 años de servicio en los centros mineros y muchos de ellos ya están escupiendo sangre”, dijo el dirigente.

TESTIMONIO

El ex trabajador le dijo a la Agencia de Noticias Fides que su actitud no era política y menos dañar al Congreso ni a los parlamentarios, sino una “acción personal y desesperada porque no tiene qué dar de comer” a sus hijos.

“No es un atentado contra el Congreso, no quiero que los medios de comunicación hagan un show de esto, ni se aproveche algún dirigente o un sindicato, sólo estoy pidiendo que me devuelvan mis aportes de 15 años a la Comibol”, insistió.

Reveló que desde 1997 intenta solucionar su problema, pero que “la burocracia del Estado es tan insensible que no les permite hacer nada en ese sentido”.

Descubierto, Picachuri fue aislado en una oficina del edificio anexo al Congreso por parte del cuerpo de seguridad de la Policía, tratando de convencerlo para que desista de su propósito porque “estaba armado con varios cartuchos de dinamita y todo el equipo para hacerlos explotar e inmolarse debido a su desesperada situación”.

El ex trabajador había solicitado también dialogar con personal de la Dirección General de Pensiones y del Viceministerio de Minería para que solucionen su problema, “porque es un tema eminentemente social, personal y no político”.

Después de tres horas y 22 minutos de infructuosas negociaciones con personal jerárquico de la Policía, Picachuri Coñaca, hizo detonar los explosivos que llevaba a-dherida a su cuerpo que le ocasionó la muerte, y la de otros dos oficiales de la institución verde olivo.

NORMA INCUMPLIDA

Para la Central Obrera Boliviana (COB) el principal responsable de las medidas extremas es la exclusión del sistema de jubilaciones que debe ser modificada.

El sistema de Seguridad Social boliviano está consagrado en el artículo 158 de la Carta Magna, que determina la obligación que tiene el Estado de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegura la continuidad de los medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas, propendiendo a su vez a la mejora de las condiciones de vida del grupo familiar; se inspira en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia. Esta medida no ha sido cumplida por las gestiones gubernamentales que han dejado mal parados a los trabajadores en proceso de jubilación.

Mediante Ley 1732, de 29 de noviembre de 1996 en la gestión del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se pone en vigencia la nueva Ley de Pensiones, basada en principios de Capitalización Individual, sustituyendo al régimen de pensiones de la Seguridad Social. Lo que degeneró en los denominados “Sándwich”, que no pueden jubilarse hasta la fecha y que exigen atención del Gobierno.