RENE VILLEGAS / Reuters
 LA PAZ

 Un clima de guerra y nuevas presiones de Estados Unidos para erradicar plantaciones que exceden las cuotas legales penden sobre la región cocalera del Chapare, la más conflictiva de Bolivia.

 "Nos preocupa el lenguaje bélico que se está dando'', dijo una preocupada Defensora del Pueblo, Ana María Romero.

 "Nos estamos dejando influenciar por el conflicto de Afganistán... parecemos talibanes y soldados estadounidenses'', agregó.

 Dos campesinos murieron en dos semanas de crecientes enfrentamientos entre cocaleros del Chapare y efectivos de la militarizada Fuerza de Tarea Conjunta que opera en esa región del valle tropical boliviano, 800 km al sudeste de La Paz.

 Unas 35,000 familias de empobrecidos productores de coca resisten a un denominado Plan Dignidad con que el ex presidente Hugo Banzer comprometió en 1997 a Estados Unidos para erradicar por completo en el Chapare 45,000 hectáreas de cultivos de la planta --cuya hoja es la materia prima de la cocaína-- y sacar a Bolivia del llamado "circuito del narcotráfico''.

 Banzer, un general retirado y ex golpista, renunció a la presidencia en agosto, aquejado por un grave cáncer, y fue reemplazado por su vicepresidente, el tecnócrata
 Jorge Quiroga.

 Siete meses antes, su ministro de Gobierno, Guillermo Fortún, anunció --para júbilo de Washington-- que en el Chapare existían tan sólo 600 hectáreas de coca; es
 decir, que Bolivia se hallaba cerca de la prometida ``Coca Cero'', a ser alcanzada el 2002.

 Este país andino producía un promedio anual de 250 toneladas de cocaína, pero ese ritmo decreció a 15 toneladas en el 2000, según datos del gobierno de Banzer.

 Un mes después de asumir la presidencia Quiroga, el sucesor del ministro Fortún, Leopoldo Fernández, reveló el error ``de un cero'' en las mediciones de la coca que excede las cuotas legales y dijo que en el Chapare subsistían 6,000 hectáreas de plantaciones que el gobierno considera están destinadas exclusivamente al
 narcotráfico.

 Las consecuentes nuevas arremetidas de las tropas antidroga contra los cultivos ilegales degeneraron en enfrentamientos con el saldo de dos muertos y más de una
 docena de heridos de bala, entre ellos cuatro soldados.

 La coca considerada legal en Bolivia, que es usada para la ancestral costumbre de la población indígena de masticar las hojas, no debe superar 12,000 hectáreas de
 plantaciones, ubicadas en la región de los Yungas, 1,000 km al noreste de La Paz.

 El embajador de Estados Unidos en La Paz, Manuel Rocha, se refirió el miércoles al compromiso del gobierno boliviano de erradicar por completo la coca del Chapare.

 ``La ayuda [económica] está por el compromiso, y de no mantenerse ese compromiso, decrecerá'', advirtió.

 Bolivia, el país más pobre de América del Sur, recibe unos $120 millones de ayuda estadounidense para impulsar en el Chapare cultivos alternativos a la coca.

 Pero Evo Morales, un diputado y combativo líder de los cocaleros de esa región, denunció el fracaso de una propuesta gubernamental para la compra de los productos alternativos del Chapare.

 ``Las plantaciones y frutas se pudren sin poder llegar a los mercados de consumo internos y externos'', dijo Morales.

 El gobierno de Quiroga ratificó esta semana su disposición a aportar anualmente $2,400 dólares en asistencia técnica, mano de obra, semillas y otros insumos para
 cada campesino que abandone el cultivo de coca en el Chapare.

 El diputado Morales reiteró, en cambio, una demanda para que el gobierno permita a cada familia de esa región mantener un cato (una medida indígena que corresponde a 800 m2) de coca.

 Oswaldo Antezana, viceministro de Defensa Social, declaró que aceptar el cato per cápita entre las 35,000 familias cocaleras del Chapare implicaría admitir el sembrío de otras 6,000 hectáreas y su potencial producción de 60 toneladas anuales de cocaína.

 El cocalero Morales, en tanto, ha amenazado con disponer el bloqueo de las carreteras de la región a partir del 5 de noviembre y, con ello, quebrar la frágil ``tregua
 social'' que el presidente Quiroga logró pactar para facilitar la gobernabilidad del país durante el escaso año que permanecerá en el poder.

 Pero Quiroga, un ingeniero industrial de 41 años formado en universidades estadounidenses, tampoco pretende dar el brazo a torcer frente a los cocaleros liderados por Morales.

 ``En el Chapare hay personas, centenares o miles, que les va mejor o les iba mejor con la actividad de la coca, dedicada a hacer cocaína (...) pero ocho millones de
 bolivianos, a quienes nos debemos, teníamos el estigma del narcotráfico, de la corrupción, y la constante amenaza de la `decertificación' '', dijo recientemente a
 corresponsales de la prensa internacional.

 Quiroga aludió así a la ``certificación'' emitida anualmente por el Congreso de Estados Unidos sobre comportamiento de los países respecto al combate al narcotráfico, lo que puede derivar en sanciones económicas para los omisos.

                                 © 2001 El Nuevo Herald