WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

En un golpe sorpresivo que deja un rastro de interrogantes, las autoridades federales ayer allanaron abruptamente en Hialeah las oficinas del principal benefactor de Luis Posada Carriles como parte de una investigación en proceso.

Poco antes de las 9 a.m., agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en el local de la firma SANAL Management, propiedad del empresario Santiago Alvarez, desplegando un operativo que se extendió por más de tres horas.

Al cierre de esta edición Alvarez se encontraba en su casa, al noreste de Miami-Dade, a la espera de un posible arresto.

''Vine a mi casa esta noche porque me estaban esperando [las autoridades] y yo no tengo nada que esconder'', declaró Alvarez, de 65 años. ``No sé de qué me están acusando ni si me han encausado, pero estoy dispuesto a enfrentar lo que sea''.

Según Alvarez, varios automóviles y agentes federales vigilaban anoche los alrededores de su casa.

En horas de la mañana en Hialeah, testigos contaron a El Nuevo Herald que agentes entraron forzando la puerta de la oficina de Alvarez y revisaron exhaustivamente las computadoras y los documentos existentes en los archivos del empresario.

Funcionarios del ICE en Miami confirmaron la operación y la vincularon a una investigación en marcha, pero sin ofrecer precisiones sobre el incidente.

''Nuestros agentes ejecutaron un registro como parte de una investigación en proceso'', señaló Bárbara González, una portavoz de esa dependencia federal.

Contactado tras el comienzo de la operación, Alvarez se limitó a decir que conocía de los hechos y que el caso estaba en manos de sus abogados.

''Ocurrió en las horas en que cada viernes me ausento de la oficina para firmar las nóminas de los empleados... mi secretaria estaba a punto de entrar'', relató Alvarez. ``No sé qué buscan allí''.

El allanamiento federal se produjo apenas horas después de que el gobernante Fidel Castro arremetiera en un prolongado discurso contra la ''actitud protectora'' de Estados Unidos hacia ``Posada y sus cómplices en Miami''.

Justamente ayer, el diario The New York Times publicó un anuncio pagado a página completa que pide el enjuiciamiento de Posada por su supuesta responsabilidad en el atentado contra un avión cubano con 73 pasajeros en 1976. El costo promedio de una página internacional para publicidad de el diario neoyorquino supera los $163,000.

''El 6 de octubre de 1976 fue nuestro 11 de septiembre'', afirma la carta abierta que suscribe el llamado Comité de Familias de las Víctimas del Atentado en Barbados, establecido en Cuba.

El anuncio titulado ''¿Debe EEUU proteger a un terrorista internacional?'' menciona también la presunta culpabilidad de Posada en los atentados con explosivos en instalaciones turísticas de Cuba, en 1997.

El abogado Kendall Coffey, que representa a Alvarez, insistió en la inocencia de su cliente y dijo desconocer el objetivo de la pesquisa federal.

''La realidad es que se han abierto dos frentes contra Posada el mismo día'', aseveró Coffey. ``Podrá ser coincidencia, pero es sumamente interesante''.

Una orden de registro firmada el pasado miércoles por el magistrado Theodore Klein permitía a los agentes del ICE revisar los archivos de la oficina de Alvarez en busca de ``falsos documentos de identificación''.

''Es algo que debía haber ocurrido hace mucho tiempo'', comentó desde Washington el abogado José Pertierra, un asesor del gobierno de Venezuela para la extradición de Posada. ``Este hombre [Alvarez] le ha dado abiertamente amparo a un conocido terrorista, y sería bochornoso que el DHS [Departamento de Seguridad Territorial] se cruzara de brazos ante este caso''.

Venezuela solicitó la extradición de Posada el pasado 15 de junio, culpándolo del atentado al avión cubano en 1976.

Aunque está pendiente la respuesta oficial de EEUU sobre la extradición, el pasado septiembre un juez de inmigración dio protección a Posada bajo el Convenio Internacional contra la Tortura, dictaminando que el reo no podía ser enviado ni a Venezuela ni a Cuba.

Los más fuertes indicios del operativo de ayer parecen apuntar a las estrechas relaciones de Alvarez con Posada, de 77 años, quien se encuentra detenido en una cárcel de inmigración de El Paso, Texas, desde el pasado 17 de mayo.

Alvarez financió la defensa de Posada durante el juicio que se siguió en su contra en Panamá en el 2004, y con posterioridad estuvo relacionado con la protección legal del veterano militante anticastrista tras su entrada en EEUU.

Las autoridades cubanas afirman que fue Alvarez quien introdujo ilegalmente a Posada en territorio estadounidense utilizado una embarcación, nombrada Santrina, que viajó el pasado marzo hasta Isla Mujeres, México. Alvarez ha negado esa versión, mientras Posada asegura que cruzó la frontera mexicana y luego tomó un autobús hasta Miami.

Una fuente aseguró a El Nuevo Herald que las denuncias sobre el Santrina no escapan a la investigación federal. La expedición marítima del barco --de 88 pies de eslora y registro federal-- ocurrió a finales de marzo, con la participación de Alvarez y cuatro de sus colaboradores.

''Entre los colaboradores hay una persona que ha pasado información sensible a las autoridades sobre lo que realmente pasó en ese viaje'', aseveró la fuente. ``No puedo decir nada más, pero averigüe''.

El pasado mayo, Alvarez, José Pujol y Osvaldo Mitat --participantes en la expedición a Isla Mujeres-- hablaron con la prensa para desmentir que Posada hubiera viajado en el Santrina hacia EEUU. Rubén López Castro y Gilberto Abascal no participaron en ese encuentro por supuestos motivos de trabajo.

Alvarez, hijo de un ex senador de la Cuba republicana, fue el patrocinador de la subrepticia rueda de prensa ofrecida por Posada en un almacén del noroeste de Miami-Dade en lugar de asistir a la cita con las autoridades de inmigración para discutir su petición de asilo político. Tras sus declaraciones, agentes del DHS lo arrestaron y condujeron al Centro de Detención de El Paso, donde permanece desde entonces.