GERARDO REYES
  BOGOTA / El Nuevo Herald

  En lo que para algunos es una muestra más del desdén investigativo de la Fiscalía General de Colombia frente al paramilitarismo, una operación anunciada como el mayor golpe a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quedó reducida a una condena de implicados de segundo orden y exoneraciones a granel.

  Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, máximos dirigentes de las AUC y 24 personas más, fueron desvinculadas de la causa, según fuentes externas a la fiscalía.

  Un total de 200 horas de grabación de conversaciones de miembros de la AUC con políticos y funcionarios públicos; 450 cuentas corrientes; 40,000 cheques y 5,000
  cuadernillos de documentos que contienen transacciones financieras y de propiedades inmuebles, fueron algunas de las pruebas que quedaron sin analizar al precluir el expediente.

  Otro de los resultados del proceso es una larga lista, documentada por organizaciones de derechos humanos, de investigadores asesinados o que tuvieron que renunciar bajo amenaza y huir del país.

  Varios organismos de derechos humanos han señalado que la forma como ha sido manejado es un indicio más de que el organismo, bajo el fiscal general Luis Camilo Osorio, no ha demostrado suficiente empeño para combatir a los jefes paramilitares.

  ''Es un caso sepultado sin haber sido investigado y el fiscal Osorio tiene que responder'', dijo a El Nuevo Herald Robin Kirk, investigadora de Human Rigths Watch.

  Kirk aseguró que hace un mes un investigador de la fiscalía le comentó que el expediente ''es un tesoro'' que hubiera permitido desmantelar la estructura financiera del paramilitarismo.

  En un informe publicado en marzo del año pasado, la Federación de Derechos Humanos y Abogados sin Fronteras, coincidieron en que el proceso ``ha sido simple y llanamente enterrado''.

  Una portavoz de la fiscalía respondió a El Nuevo Herald que, según fiscales y procuradores, la investigación ''no arrojó los datos esperados''. Agregó que, de acuerdo con las providencias, ``no se comprobó que las personas vinculadas y que aparecían en la contabilidad ...tuvieran nexos directos con el grupo paramilitar o que los patrocinaran o que militaran en él''.

  La portavoz afirmó que del 2001 a diciembre del 2003, ``se han afectado con acusación 378 paramilitares''

  La pesquisa se inició en abril de 1998 bajo órdenes del entonces fiscal general Alfonso Gómez Méndez. Un grupo de fiscales entrenados en finanzas allanó las oficinas de un parqueadero en Medellín donde fue arrestado Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien resultó ser el contador de las AUC.

  A pesar de que el contador se fugó de la cárcel días después, la operación condujo al allanamiento de 43 empresas de fachada en Antioquia y 17 en Córdoba, el santuario del paramilitarismo en Colombia.

  En el fallo de noviembre del 2002 en el que se exoneró a la mayoría de los implicados, el fiscal delegado aseguró que los investigadores ordenaron ''a ciegas'' la congelación de cuentas y a partir de entonces ``todo fue un caos desde el punto de vista procesal''.

  Millares de documentos ''sin finalidad determinada'', agrega la fiscalía delegada, se anexaron al proceso, ``extendiendo así una coraza inexpugnable sobre lo que debía ser la esencia de la actuación, que no era otra que establecer a ciencia cierta qué personas hacían aportes económicos a la organización paramilitar''.

  Una fuente consultada por El Nuevo Herald, que pidió no ser identificada por razones de seguridad, dijo que resultaba ''muy diciente'' que los posibles responsables fueran exonerados gracias a fallas cometidas en la investigación por la misma fiscalía.

  ''Aquí el problema no fue de caos sino de miedo'', dijo la fuente. ``Hubo un momento en que nadie quería tocar ese expediente por las amenazas''.

  El ex fiscal Gómez Méndez dijo a El Nuevo Herald que prefería no referirse a la suerte que corrió el proceso que se inició bajo su mandato.

  Osorio, quien asumió el cargo en julio del 2001, está en medio de una tensa situación con el gobierno de Estados Unidos por el manejo de casos de paramilitarismo.

  La más reciente señal de inconformismo de Washington con las actuaciones del fiscal se produjo hace tres semanas, cuando el Departamento de Estado anunció el retiro de la visa al ex general colombiano Rito Alejo del Río. El anuncio se produjo justo dos días después de que la fiscalía profirió una fallo favorable al ex militar por un caso de complicidad con grupos ilegales de autodefensa.

  El gobierno estadounidense no suele revelar los motivos del retiro de visas ni la identidad de los afectados.

  El Nuevo Herald tuvo acceso a varias de las conversaciones grabadas por la fiscalía en la primera etapa de la investigación (1999-2000).

  Las conversaciones reflejan el extraordinario poder de las AUC y la familiaridad con funcionarios y políticos de Córdoba, santuario del grupo.

  En una conversación se escucha a Mancuso dar instrucciones intimidantes a una mujer de la Universidad de Córdoba destinadas a torpedear la elección de un candidato a la rectoría.

  En otra se oye a Castaño inquiriendo al comandante Julián por abusos cometidos por sus colegas y explicándole a una amiga sus sentimientos hacia el entonces candidato presidencial Alvaro Uribe.

  ''El y yo tenemos unas diferencias que son personales mas no profesionales'', afirma Castaño, quien reconoció a El Nuevo Herald que sostuvo esa charla en enero del 2000. ``La tragedia que nos pasó la vivimos juntos, y él olímpicamente se arrodilló ante el enemigo, y el enemigo no lo perdonó. Yo desconfío de él''.

  La fuente consultada por El Nuevo Herald aseguró que hay pruebas de un viaje de Mancuso a Nueva York con documentos falsos en diciembre del 2001, con un empresario de apellido Maroso, de Montería, y transacciones entre Mancuso y familiares suyos en Houston, Texas, y Barranquilla, Colombia.