Así lo admitieron dos senadores cercanos a la Presidencia: el uribista Rafael Pardo y el liberal Darío Martínez.

Ambos lo admitieron así tras analizar el texto del nuevo proyecto de alternatividad penal, que será estudiado por el Congreso de la República después de Semana Santa.

"Eso fue lo que le escuché al presidente Álvaro Uribe cuando se discutió el proyecto. No va a ser ni en La Modelo ni en La Picota, sino en una cárcel abierta que puede ser una colonia agrícola o un lugar en el exterior", dijo el senador Martínez a EL TIEMPO.

"El Gobierno nos dijo que no habría detención domiciliaria ni presión en esos lugares de máxima seguridad que existen en la actualidad. Se trata de no caer en esos extremos", dijo Pardo, quien va a proponer la próxima semana un mecanismo de verificación que se encargue de vigilar estos sitios de reclusión.

Tanto Martínez como Pardo coincidieron en que el Gobierno dejó abierto el artículo sobre los sitios de reclusión, para que los miembros de las autodefensas que se desmovilicen puedan purgar su pena alternativa en lugares de reclusión como la colonia agrícola penal de Acacías (Meta).

Los comandantes de estos grupos de autodefensa han dicho, en reiteradas ocasiones, que no tienen planeado pagar ni un solo día de cárcel.

Los senadores Martínez y Pardo también opinaron sobre la propuesta del proyecto de proferir una sola condena, en la que se reúnan tanto las confesiones que hagan los cabecillas de estas organizaciones, así como las condenas que ya existen en su contra.

Martínez aseguró que este proceso es válido y no tiene nada de antijurídico, pues el actual Código de Procedimiento Penal permite la acumulación de penas y unificación de procesos. "No le veo problema alguno", insistió el congresista. "No hay ningún estropicio jurídico", añadió Pardo.

Este último recordó que el actual Código Penal establece que la pena máxima que se puede imponer en Colombia es de 40 años. Aunque en la actualidad el Congreso estudia una reforma a ese código que dejaría la máxima en 60 años.

Sobre el posible tratamiento político que recibirían algunos subalternos de los grupos de autodefensa, según lo dispuesto en el artículo 35 del proyecto de ley, el cual dice: "También incurrirán en el delito de sedición quien conforme o haga parte de grupos de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal", las opiniones están divididas.

Por un lado, el senador Martínez sostuvo que esta propuesta contradice la política del presidente Uribe de acabar con la figura del status político en la prorrogada ley de Orden Público y va en contravía de la calificación que el mismo Gobierno ha hecho de estas organizaciones, a las que ha llamado "narcoterroristas".

Por otro lado, el senador Pardo aseguró que no se trata de extender el carácter de delito político, sino de darle piso jurídico a los casos de integrantes de los grupos de autodefensa que, en su calidad de subalternos, no están comprometidos en infracciones al Derecho Internacional Humanitario y, por lo tanto, solo deben ser procesados por porte de armas y conformación de grupos armados.

José Antonio Sánchez
Redactor de EL TIEMPO