Anunciaron que no habrá nuevas desmovilizaciones parciales de combatientes, según un comunicado difundido este martes.

El Bloque Central Bolívar (BCB), comprometido en negociaciones de paz, planteó la consulta al criticar un proyecto de ley del gobierno que establece penas de cárcel de entre 5 y 10 años para los miembros de grupos ilegales que depongan las armas en el marco de un proceso de diálogo, incluso si están sindicados de delitos atroces.

"La superación de esta encrucijada (...) la sujetamos al escrutinio soberano de la nación, para que mediante los mecanismos de participación sea la única instancia que, mediante consulta plebiscitaria, decida si los comandantes y combatientes de las autodefensas campesinas, o de cualquier otra organización irregular comprometida en un proceso de paz, deben ir a la cárcel", señaló la nota publicada en Internet.

El BCB, que negocia conjuntamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) añadió que la consulta también permitiría que "la comunidad se pronuncie en qué términos y grados porcentuales el Estado y el grupo desmovilizado son responsables de la reparación a las víctimas de la guerra, como sustituto de las penas privativas de la libertad".

"Al veredicto del pueblo en las urnas nos sometemos y lo acogeremos sin ninguna restricción. No hay otra manera de contrarrestar el influjo nocivo y distorsionador de ese sector de la denominada opinión calificada, contra esta singular oportunidad histórica de desactivar la guerra", indicó el comunicado.

El BCB también anunció que no habrá nuevas desmovilizaciones parciales de combatientes, tal como ocurrió el pasado 25 de noviembre cuando entregaron las armas 871 integrantes en  Medellín.

"En adelante las Auc no continuarán con las desmovilizaciones parciales de tropas, ni dispondrán la entrega de más armamento. Ratificamos el propósito de la desmovilización y desarme global de la organización, como resultado final de un proceso exitoso de negociación política", señaló el anuncio.

Igualmente, los paramilitares aseguraron que una negativa del gobierno a extraditar a los irregulares pedidos por Estados Unidas "será el paso más expedito, decisivo y de la mayor trascendencia histórica para la pacificación del país".

Los máximos jefes de las Auc, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, están requeridos en Estados Unidos, acusados de narcotráfico.

La polémica ley de justicia y reparación, que será presentada al Congreso, fue modificada recientemente por el gobierno que introdujo las penas mínimas de cárcel -en vez de la libertad condicional- y planteó la creación de un tribunal de la verdad.

Asimismo incluyó un artículo que prevé la suspensión de las penas a los guerrilleros de las Farc que sean excarcelados en el marco de un canje por secuestrados en poder de ese grupo, lo que, según el Ejecutivo, abre las puertas al denominado intercambio humanitario.

Los paramilitares afirmaron que "resulta inconcebible e inaceptable que dentro de la misma iniciativa legislativa el gobierno contemple penas privativas de la libertad de cinco a diez años para los miembros de las autodefensas desmovilizados, mientras se viabiliza la posibilidad de dejar en libertad a los beneficiarios terroristas del trueque humanitario".

Con AFP.-