GONZALO GUILLEN / El Nuevo Herald
 BOGOTA

 Un grupo de 13 indígenas y campesinos inermes fueron asesinados, uno detrás de otro, en una carretera del sureño departamento del Cauca por cinco
 hombres encapuchados, en tanto que, en el noroccidente del país, seis alcaldes que hicieron acuerdos regionales de paz con la guerrilla fueron
 secuestrados por un comando de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, de extrema derecha).

 La masacre fue cometida en el municipio de Corinto, 120 km al sur de Cali, en un sitio donde hubo un retén militar poco antes de que los cinco
 encapuchados eliminaran a las 13 personas que pasaban por el lugar a bordo de un autobús, un campero y una motocicleta, dijeron telefónicamente a El
 Nuevo Herald testigos y una fuente vinculada a la investigación judicial.

 Deudos de las víctimas sostuvieron que el crimen fue obra de las AUC, que sólo hace tres días anunció a través de un comunicado su decisión de
 suspender la comisión de masacres con el argumento de que ese proceder, habitual de esa organización, ha sido repudiado por el gobierno de
 Washington.

 Sin embargo, una fuente cercana a la investigación judicial que se inició por el crimen, dijo que la cúpula militar de las AUC negó su responsabilidad en
 una comunicación telefónica sostenida con los investigadores.

 La fuente consultada explicó que, según testigos, poco antes de ser cometida la masacre una patrulla militar mantuvo un retén vial en el lugar, en
 funciones de vigilancia de una hacienda llamada Miraflores.

 Agregó que los asesinos utilizaron pistolas automáticas y revólveres, no tenían insignias de las AUC ni dejaron panfletos en el sitio. Esto, dijo la fuente,
 permite suponer que los paramilitares no serían los autores, ya que esa organización suele llevar distintivos, utiliza armas largas y generalmente se
 atribuye los crímenes que comete, por atroces que ellos sean.

 Las AUC, en cambio, sí reivindicaron el secuestro de los seis alcaldes, quienes hacen parte de un grupo de 23 del oriente del departamento de Antioquia
 que recientemente hicieron un pacto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para excluir a la población civil del conflicto armado.

 Los alcaldes se comprometieron a reubicar, antes de abril, los comandos locales de Policía para que estén en las afueras de los casos urbanos. Así, los
 civiles quedarían al margen del fuego cruzado durante los ataques constantes de los rebeldes contra la fuerza pública.

 El ELN prometió no asaltar 26 poblaciones mientras se verifican los traslados de los correspondientes comandos policiales y no agredir a la población
 civil en los caminos y carreteras de la región.

 Los alcaldes estimaron que no debían esperar a que el gobierno central consiga pactar un estado de paz general con las múltiples fuerzas armadas
 irregulares que delinquen en el país, y anunciaron que también harían tratos de convivencia, de ser posible, con las rebeldes Fuerzas Armadas
 Revolucionarias de Colombia (FARC) y con las AUC.

 Estas últimas, sin embargo, al atribuirse el secuestro de los seis alcaldes, dijeron que ``no aceptamos diálogos regionales con bandidos locales del ELN''.

 La Federación Nacional de Municipios, por su parte, pidió que se respete la vida de los secuestrados, y advirtió que los intentos por aclimatar la paz en el
 oriente de Antioquia ahora pueden tener un efecto contrario, al agudizar los altos niveles de violencia que padece la región desde hace años.

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