Agence France Press
  BOGOTA

  El Gobierno colombiano realiza ajustes a un polémico proyecto de ley de beneficios jurídicos para los paramilitares en que incluyó propuestas como la detención
  domiciliaria y el pago de condenas en el exterior, pese a lo cual persisten las dudas en torno a la iniciativa.

  Las propuestas forman parte de un borrador de cambios al cuestionado proyecto de alternatividad penal que el Gobierno de Alvaro Uribe presentó al Congreso en el marco del proceso de paz con los grupos de ultraderecha, que se comprometieron a desmovilizar a entre 16,000 y 20,000 insurgentes antes del 2006.

  El texto fue entregado por el alto comisionado para la paz del Gobierno, Luis Carlos Restrepo, a los seis ponentes de la iniciativa, según fuentes parlamentarias.

  La propuesta, divulgada ayer por la prensa, señala que ''cuando se trate de delitos de lesa humanidad la pena de prisión que se suspende ... será reemplazada por la restricción geográfica de la libertad'', la cual ``se cumplirá bajo modalidades como la privación de la libertad en el lugar de domicilio del condenado''.

  Además, ''la pena alternativa podrá cumplirse en el exterior, cuando así lo determine el Gobierno'', agrega el documento.

  Otra forma de ''restricción geográfica de la libertad'' consiste en que el condenado ``cumpla la pena en una colonia agrícola, en su municipio de residencia o en los
  lugares de concentración del grupo armado''.

  El borrador del proyecto de ley -que según el gobierno cobija también a las guerrillas izquierdistas- mantiene lo relacionado con los mecanismos de reparación a las víctimas, que incluyen la creación de un fondo que se encargará de transferir a los afectados los bienes entregados por los condenados.

  Inicialmente el Ejecutivo presentó en agosto pasado un proyecto que preveía la libertad condicional para los desmovilizados, sin importar que estuvieran acusados de delitos atroces, el cual recibió múltiples críticas, especialmente de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos.

  La Oficina en Bogotá del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos considera que la propuesta dejaría impunes los crímenes atroces cometidos por los grupos ilegales.

  Las nuevas propuestas del Gobierno suscitaron este jueves una controversia entre los congresistas que respaldan y critican la ley.

  Para el senador oficialista Mario Uribe ``la restricción de la libertad geográfica, la detención domiciliaria, deberían abrirse camino en manos del presidente''.