GONZALO GUILLEN y GERARDO REYES El Nuevo Herald

 Los grandes escándalos políticos en Colombia casi siempre comienzan en un computador portatil.

 Así comenzó el famoso proceso 8,000 por infiltración del dinero del narcotráfico en la política y ese fue el punto de partida de la Fiscalía para armar un amplio y comprometedor dossier que ha enfurecido a la cúpula del paramilitarismo.

 Hallado en poder de 10 presuntos paramilitares que se encontraban en una casa del barrio Bachué, en Pasto, una ciudad al sur del país, el computador contiene una muestra de la contabilidad y la red de colaboradores de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC) que podrían comprometer a políticos, ganaderos y militares, según una fuente que conoció el expediente radicado bajo el número 34,986.

 El ordenador portatil fue confiscado en abril durante una diligencia del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), al cabo de la cual fue arrestado el coronel retirado del Ejército Jesús Ignacio Ureña Silva.

 Además de la veta de información descubierta en la memoria del computador, las autoridades cuentan con 200 horas de grabación de conversaciones telefónica, miles de documentos, vídeos de parqueaderos y recibos de tarjetas de crédito de invdividuos acusados de colaborar con los paramilitares.

 Bajo investigación hay dos empresas de fachada de las AUC, una organización de más de 8,000 combatientes dirigido por un comando conjunto y bajo las órdenes políticas de Carlos Castaño.

 Una de ellas es Funpazcor (Fundación para la Paz de Córdoba), fundada hace unos 15 años por Fidel Castaño, hermano de Carlos. Según la investigación oficial esa entidad ha manejado más de $100 millones de fondos que han sido utilizados para las cruentas operaciones contra la guerrilla y para la compra y distribución de 12,000 hectáreas a campesinos de Córdoba, un departamento al noroccidente del país que hoy es el santurario del paramilitarismo en Colombia.

 De acuerdo con la fuente, la Fiscalía tiene los nombres de 357 personas de todo el país, de 43 empresas de Antioquia y de 17 empresas agrícolas de Córdoba vinculadas a los paramilitares a través de Funpazcor. El Nuevo Herald conoció la lista de 31 personas contra las que existe orden de captura o vinculación al roceso por indagatoria. La mayoría son oriundas de los departamentos de Córdoba y Antioquia. Entre ellas se encuentran los hermanos Carlos y Héctor Castaño Gil; Manuel Gil (primo), Salvatore Mancuso, uno de los hombres fuertes de la dirigencia militar de las AUC y Sor Teresa Gómez Alvarez, la representante legal de Funpazcor. Gómez Alvarez no es monja (Sor es su nombre de pila) y está casada con uno de los hermanos Castaño. Entre sus funciones está la administración de las haciendas (El Tomate y Santa Catalina son las más grandes) y el manejo de cuentas bancarias.

 La sede principal de Funpazcor, que funcionaba en la carrera sexta N. 29-12 de Montería, junto al comando de la policía de la ciudad, fue allanada por funcionarios del CTI como parte de las redadas que se hicieron también en Antioquia y Santander el pasado 20 de mayo. Calificada como una operación sin antecedentes, la acción de la fiscalía fue señalada como un ejemplo para que se haga lo mismo con algunas entidades de fachada que colaboran con el manejo de los fondos y las inversiones de las guerrillas en Colombia. El diario El Tiempo de Bogotá, exigió que con la misma energía con que se allanaron las oficinas y residencias presuntamente vinculadas al paramilitarismo, se hiciera una investigación de los enlaces de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional.

 La operación de mayo tenía como antecedente un allanamiento que se practicó en 1998 a las oficinas de Medellín de Alberto Soto Toro, quien fue identificado como un enlace del paramilitarismo. Toro fue arrestado y luego escapó de la cárcel

 Ademas de Fundacor, el CTI allanó las oficinas de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), lo cual originó una ola de protestas que contaron con el apoyo de varios políticos de la región. En Montería tambien fue allanada la mansión de Salvatore Mancuso, alias Mono, en donde el CTI dio muerte al conductor del sospechoso.

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