El proyecto de ley de 'justicia y reparación' prevé la suspensión de las penas y la exarcelación de guerrilleros como parte de una negociación.

La iniciativa, que en principio serviría para favorecer a los integrantes de los grupos de autodefensa que actualmente negocian su desmovilización con el Gobierno, fue ampliado para que cobije ademas eventuales acuerdos de intercambio humanitario con la guerrilla.

Así, el nuevo proyecto prevé la suspensión de las penas a los guerrilleros de las Farc que sean excarcelados en el marco de un intercambio por secuestrados en poder de esa guerrilla.

El ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, aseguró que de ser aprobado el proyecto de "Ley de justicia y reparación", divulgado este martes, abriría las puertas al intercambio humanitario.

"Se trata de un paso adicional de la buena voluntad que tienen tanto el Congreso como el Gobierno para avanzar en un acuerdo humanitario. Es abrir la puerta, un espacio más para el acuerdo humanitario", afirmó el ministro.

La propuesta fue incluida en una iniciativa que establece penas alternativas para los miembros de los grupos ilegales que se desmovilicen en el marco de procesos de paz, cuyo texto definitivo fue revelado este martes.

El artículo sobre el canje señala que el presidente "podrá solicitar de la autoridad competente, en los términos de esta ley, la suspensión condicional de la pena a favor de miembros de organizaciones armadas al margen de la ley que suscriban un acuerdo para garantizar la aplicación del derecho internacional humanitario".

En este caso, agrega, "no se exigirá la declaratoria de un cese de hostilidades ni la firma de acuerdos de paz con el Gobierno nacional".

Las Farc, principal guerrilla del país con unos 17.000 combatientes, mantienen secuestrados a una veintena de políticos -entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt-, a unos 40 militares y a tres estadounidenses.

El grupo rebelde pretende canjear a esos secuestrados por unos 300 de sus militantes presos.

Sin embargo, el Gobierno de Álvaro Uribe condiciona el intercambio a la liberación de unos 800 secuestrados en poder de las Farc, a la no desmilitarización de un territorio para las conversaciones y a que la ONU lidere las negociaciones.

Además del artículo sobre el canje, el Gobierno introdujo otros cambios al proyecto de alternatividad penal -que empezará a ser discutido la próxima semana-, tales como la creación de un tribunal de la verdad y penas mínimas de cárcel de cinco años -en vez de la libertad condicional prevista inicialmente incluso para los delitos de lesa humanidad-.

Gobierno de Uribe lleva a cabo negociaciones de paz con los paramilitares de ultraderecha, las cuales buscan la desmovilización de entre 16.000 y 20.000 combatientes antes de 2006.

Con AFP.